Avance en el acceso a la información pública

Foto ilustrativa sobre el avance en el acceso a la información pública.

Foto ilustrativa sobre el avance en el acceso a la información pública.

La normativa estaba vigente desde hace un año. Pero le faltaba la reglamentación. Los otros poderes del Estado están atrasados en esta instancia. 

El presidente Horacio Cartes firmó este jueves 17 de septiembre el decreto por el cual se reglamenta la Ley 5.282/14 de Información Pública. La normativa exige a los entes estatales entregar cualquier solicitud de datos públicos en menos de 15 días.

Tras un año de haberse promulgado la normativa, no todas las instituciones del Estado acataban la ley por carecer de una reglamentación. La firma de la reglamentación finalmente se concretó este jueves, informó Sergio Godoy, asesor de la Presidencia de la República.

En su edición digital el diario ABC Color recuerda que a diferencia de la Ley Nº 5.189/14, de transparencia en sueldos estatales, la legislación garantiza el derecho constitucional de todo ciudadano a acceder a cualquier tipo de información pública en el Legislativo, Ejecutivo, Judicial, entes autárquicos, universidades, etc. Así también, obliga a todo ente estatal a responder consultas remitidas por correo electrónico o por nota, entregar datos en menos de 15 días y contar con oficinas de atención al público.

El Senado inauguró su oficina de atención pública hace una semana, pero en Diputados siguen en falta. El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) creó su dirección de información pública en junio último, pero niega datos de partidos políticos y no quiere dar a conocer la cantidad de personas con múltiples afiliaciones.

Garantías

“Ninguna disposición de la ley sancionada podrá ser entendida o utilizarse para negar, menoscabar o limitar la libertad de expresión, la libertad de prensa o la libertad de ejercicio del periodismo”, señala en el artículo 1º.

El documento sancionado establece que todas las instituciones deben ofrecer información de la forma más amplia posible. La ley garantiza el acceso irrestricto a la información pública. Se establece que el incumplimiento de los deberes y obligaciones dispuestos en la presente ley, por parte de funcionarios y empleados públicos, será considerado falta grave. Quienes incurrieran en dicha falta serán pasibles de las sanciones establecidas en la Ley de la Función Pública, informó el diario La Región Digital.

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